El golpe de Estado institucional contra el presidente de Paraguay, el exobispo Fernando Lugo, vuelve a sentar otro peligroso precedente en América Latina. Y sonar las alarmas sobre los desafíos que acechan a gobernantes comprometidos con la redistribución de las riquezas. El detonante para el juicio político ha sido una violenta confrontación ocurrida el 15 de este mes donde murieron seis policías y 11 campesinos durante la ocupación de una finca. Tras los sucesos, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) retiró su apoyo al mandatario para conspirar, con su eterno contrincante del Partido Colorado, contra el sistema democrático. Aunque a Lugo, de tendencia izquierdista y quien cuenta con el apoyo de los más humildes, le quedaban solo nueve meses para concluir su mandato es obvio que los sectores de poder quisieron dar una demostración de fuerza con el golpe de Estado que han patrocinado. Lo de incapacidad para gobernar no es más que un vil pretexto. El golpe institucional, fraguado en horas, es otro desafío para el sistema democrático en la región.
El Nacional
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