La supuesta conspiración para desestabilizar el Gobierno de Haití que involucra al coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe) se ha convertido en una encrucijada. Al basar la denuncia en una grabación, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña tendrá que mostrar la orden del juez que autorizó la intervención del teléfono de Goico Guerrero. Porque de no hacerlo se estaría ante una violación constitucional por el delito de espionaje telefónico. Y por la atmósfera en que ha surgido la acusación contra un oficial retirado ligado al entorno del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, el caso podría tener otras connotaciones. Jiménez Peña está compelido a despejar todas las interrogantes en torno a la grabación y la denuncia que vincula a Goico Guerrero con la supuesta trama contra el presidente haitiano Michel Martelly. Es la única forma de salir de la encrucijada legal y no política en que se ha metido con un asunto de más envergadura de lo que aparenta.
El Nacional
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