La designación de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), que según la ley debe efectuarse 60 días después de la instalación de las cámaras legislativas, constituye la primera gran prueba para el Senado.

Y aunque el presidente Luis Abinader nada tiene que ver con la composición de la JCE no deja, por el carácter político de la decisión, de representar un ligero desafío sobre la independencia de los poderes que ha proclamado.

Antes que dejar la elección en manos de la sociedad civil los partidos quieren y deben asumir la dirección de la JCE en función de sus intereses y de que son los principales actores del sistema político.

La oposición, siempre que se le garantice su cuota, no objetaría que un oficialista que reúna las condiciones de responsabilidad, equidad, honradez y experiencia presida al organismo. Lo que no se puede ni debe aceptarse es que en función de una mayoría mecánica se impongan personas que no llenan los requisitos.

En esta ocasión se ha sopesado que en Europa las elecciones las organizan ministerios como el de Interior y Policía, también en algunos países de América Latina.

En Estados Unidos la responsabilidad recae en los estados. Son razones para que los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo reivindiquen la necesidad de consensuar la integración de un órgano, por demás administrativo y no deliberativo como el Tribunal Superior Electoral (TSE). No se trata de ninguna disyuntiva para Eduardo Estrella como presidente del Senado.