Gramaticalmente se entendería como barrilito un barril pequeño de utilidad diversa. Pero en la República de Duarte existe El Barrilito con nombre propio, certificado por los senadores de la República. Es un impuesto cargado a cada provincia y al Distrito Nacional, cuyos beneficiarios son los mismos senadores para rebosar sus bolsillos y comprar votantes para su respaldo electoral.

En el pasado reciente salvo el Presidente y sus funcionarios, ese desacertado e ilegal impuesto ha sido rechazado por la mayoría de la población que ha demandado su anulación junto a los demás privilegios que manchan la imagen de los congresistas. Si la nueva cosecha que nace el pasado 5 de julio le coge el gustito a ese oscuro impuesto, muy pronto cargarán con el mismo rechazo que desde el origen del mismo llevan a cuesta los viejos legisladores.

Los críticos de los legisladores viejos estamos ávidos de oír las voces de la nueva composición del congreso con propuestas firmes y objetivas tendentes a dejar sin efecto aquellos privilegios que, encabezados por El Barrilito desprestigian y subdimensionan los perfiles que sustentan a muchos hombres y mujeres capaces, transparentes y serias/os que conforman la membrecía legislativa dominicana.

Es cierto que la presente legislatura apenas llega a sus primeros dos meses y medio de labor, pero ya debimos percibir voces motivadoras y enardecedoras del ánimo que convenzan a los asambleístas a deshacerse de esa vergüenza nacional encarnada en aquellos privilegios que ostenta el congreso a contrapelo de la voluntad de la ciudadanía que lo repudia enérgicamente.

Los legisladores deben ajustarse a sus funciones de legislar, representar y fiscalizar, pues no hay forma de justificar esos privilegios deshonestos que mantienen en baja su categoría y su imagen personal.

Los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, debieran hacer la vocería de este tema y ponerlo en agenda del día para discusión y aprobación de su anulación (si así lo consideran) a los fines de satisfacer la apetecida demanda de dejar sin efecto estos privilegios y transparentar las acciones de sus colegas, y así, poner a brillar su seriedad, su honestidad y su decencia, necesarias para la eficacia de su labor ordinaria de legislar, supervisar y representar con capacidad pero con dignidad. Con ello se librarían de una interpretación probada de que la mueva cosecha es más de lo mismo.

Por: Lic. Santiago Martínez