El trabajo de la Cámara de Cuentas debe iniciarse desde el mismo momento en que es aprobado el Presupuesto General del Estado. Deben fortalecer la coordinación interinstitucional con la Contraloría General de la República y la Dirección General de Compras y Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, así como con las demás instituciones que procuran la transparencia en uso de los Recursos Públicos.

A través de las auditorías practicadas se podrá determinar el descargo o no a los administradores de recursos públicos sobre su gestión; no se debe esperar más que la sociedad conozca sobre el uso dado, destino e impacto de los recursos públicos destinados a las instituciones públicas y personas, sobre todo las que absorben gran parte del presupuesto nacional.

La tarea es titánica, pero debemos lograr los objetivos y metas que deban obligar prácticas de buen gobierno en la República Dominicana. Fiscalización y auditorías de los recursos o bienes propiedad del pueblo dominicano deben llevarse a cabo justo a tiempo, estando todos conscientes que vigilados seremos mejores.

Con respecto a otros de los ejes que deben ocupar la atención del plan de trabajo a ejecutar en lo inmediato, se encuentra lo relacionado con la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, se debe contemplar la creación de una unidad adscrita a la Oficina de Evaluación del Patrimonio de los funcionarios públicos ya existente, conformada esta por reales expertos en auditoría forense y con ello escruten, analicen a profundidad e investiguen sin limitaciones la presentación de estas declaraciones juradas de patrimonio.

Es hora de que toda falta al deber y obligación por parte de los que sirven desde el Estado administrando pecursos públicos, tenga reales consecuencias.

Lo mismo agregamos al Control Social como parte del Sistema Nacional de Control y Auditoria establecido en el artículo 246 de la Constitución de la República, se requiere implementar las herramientas que de forma inmediata posibiliten al ciudadano participar en la vigilancia activa sobre el uso dado a los fondos públicos y sobre todo que este tenga respuesta a tiempo cuando demande una investigación en la que pueda presumirse fraude o dolo en el uso de los recursos públicos, sobre todo a través de las inversiones que realiza el Estado.

Por: José A. Guzmán J.