La Procuraduría General de la República trata de determinar si constituyen infracciones de tipo penal y si cuentan con el debido sustento técnico legal, las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la auditoría que hizo a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
Con esos fines, fiscales y auditores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) trabajan de manera ardua en el análisis de dicha auditoría, con el propósito, sobre todo, de determinar si las irregularidades son de tipo penal y cumplen con los requerimientos que exige el Código Procesal Penal para actuar en justicia contra los que pudieran resultar culpables.
“Por ahora no podemos decir una cosa ni la otra. Estamos analizando y discutiendo el contenido de la auditoría”, declaró a El Nacional una fuente autorizada de la Procuraduría General de la República, que pidió reserva de su nombre.
“La auditoría habla de irregularidades y no de actos de corrupción, entonces hay que determinar si esas irregularidades son de tipo penal para actuar en consecuencia”, precisó la fuente.
En la auditoria se destaca la comisión de una serie de irregularidades que envuelven más de cinco mil millones de pesos en la contratación de bienes y servicios encomendados a empresas con las que la Omsa no tenía ningún de contratación, como lo exige la Ley de Contrataciones de Bienes y Servicios.
“Tras recibir esa auditoría el pasado jueves 12, un equipo de fiscales y auditores del Ministerio Público inició el análisis de la documentación, tal como fue recibida. Esto es imprescindible para confirmar que esa auditoría cumple con el requerimiento efectuado por el procurador general de la República y con las exigencias del Código Procesal Penal”, dijo la fuente.
Añadió que “por el principio de objetividad que rige la investigación penal, el Ministerio Público está obligado a revisar cuidadosamente cualquier insumo al que tenga acceso, para determinar si cumple con la rigurosidad que establece el Código Procesal Pena. Durante la misma se analizan detalladamente los hallazgos reportados para confirmar que cuentan con el sustento técnico y legal”.
La fuente declaró que lo que se está haciendo es indispensable para la investigación penal que realiza la Fiscalía de la provincia Santo Domingo y para poder utilizarse como prueba en el caso del asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez.
