La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial de la Instrucción para conocer de las imputaciones que hace el Ministerio Público a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, designar un juez para conocer las acusaciones preliminares contra Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes gozan de jurisdicción privilegiada
Son investigados por obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activo.
Al grupo de funcionarios se le investiga en forma provisional por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11. La investigación del Ministerio Público incluye a otros integrantes del organismo de fiscalización estatal.
El Ministerio Público también sostiene que las actuaciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas configuran delitos como “coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”.
La instancia depositada la tarde del viernes por la Pepca ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia establece que los investigados tienen privilegio de jurisdicción amparados en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.
Las funciones de juez de la instrucción del proceso deberán ser cumplidas por un juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, designado especialmente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, plantea la Pepca.
La instancia, firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho, plantea que la Pepca ha enviado varias solicitudes de información a la Cámara de Cuentas, “las cuales no han sido respondidas, sin ninguna justificación válida, más que la de actuar dolosamente para impedir el cumplimiento de las funciones de Ministerio Público”.
