En nuestro país de tiempo en tiempo se suscitan propuestas para convertir algunas ciudades o municipios en “Ciudades Inteligentes” o “Smart cities” con relativamente poco o ningún éxito en la implementación acabada de un proyecto de esa naturaleza.Para cambiar eso aprovecho para plantear el reenfoque de esas intenciones a lo que debe ser el punto central de esos esfuerzos, que debe ser la captura de datos.

La colocación de sensores y equipos de telemetría en toda la infraestructura pública de la que se necesite mediciones periódicas de uso, calidad y condición ya es tiempo que esté incluida y definida en los distintos códigos de construcción y uso de esa infraestructura como elemento esencial y no discrecional en los mismos.

El Estado puede establecer una alianza público privada para instalar, administrar y dar mantenimiento a una red de telemetría sobre la infraestructura pública ya existente e ir incorporando, con auxilio del sector privado, las que se vayan creando en el curso del tiempo.

Para la toma de decisiones de los Poderes del Estado, incluyendo el municipal, el país necesita datos. Desde el nacimiento de la República la toma de decisiones se ha venido tomando en el mejor de los casos con información de tuertos y en la mayoría de ellos a ciegas, precisamente por la falta de información concreta sobre los usos y necesidades de la infraestructura pública.

Hoy en día la tecnología es lo suficientemente avanzada y, sobretodo, barata, que la ejecución de un plan de captura de datos con asistencia de sensores, equipos de telemetría, satélites de teledetección y otros desarrollos tecnológicos que ahora mismo supone para el Estado un enorme costo el no tenerla instalada para la documentación de su tomas de decisiones.

Información relevante que requiere ser recabada de manera permanente y en tiempo real incluye, pero no se limita a, datos sobre el tránsito vehicular y peatonal en pueblos y ciudades, uso diario de todas las alternativas del transporte público, circulación de personas en los lugares dónde se ofrecen servicios públicos y en mercados populares, uso de parques públicos y otras infraestructuras de similares objetivos, entrada y salida de personas y vehículos en los distintos puertos de entrada en el país, circulación de personas y bienes por nuestra frontera terrestre, uso y demanda de parqueos en pueblos y ciudades, etc.

Pero quizás más importante aún es establecer una cultura de medición para el país, donde en la ejecución de todas las políticas públicas se establezca una forma de medir, en tiempo real, los efectos de esas medidas.

Tener una cultura de medición institucionalizada permitiría reducir costos, documentar mejor la toma decisiones y en situaciones extremas, como una pandemia, nos brindaría más herramientas para enfrentarlas.

Por: Orlando Gómez
orlando.gomez@gmail.com