El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, sometido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), prohíbe el uso de fondos públicos para provecho de los candidatos para influir en los resultados de las elecciones. Además, prohíbe el engaño, la dádiva, la desinformación y el soborno a los candidatos para obtener respaldo en desmedro de sus competidores.
La iniciativa del Comité Político del PLD fue entregada a los bloques de legisladores de esa organización y figura en el punto 9.8 de la agenda de hoy de la sesión de la Cámara baja. Se espera que la pieza sea remitida a la comisión especial que estudia la Ley de Partidos sometida por la Junta Central Electoral y que encabeza el diputado oficialista Henry Merán.
El uso de los fondos públicos a favor de los candidatos de Gobierno ha sido una constante en la política dominicana que se ha denunciado en cientos de ocasiones. Las campañas sucias, caracterizadas por los denuestos y las descalificaciones han sido norma en la publicidad de los candidatos que buscan desplazar a sus adversarios de la preferencia electoral.
Formación
La iniciativa del PLD recomienda que se destine el 10 por ciento de los fondos que reciben los partidos para su financiamiento para la formación de sus miembros.
Exceptúa esa obligatoriedad los años en que se celebren las elecciones. La formación de los miembros es uno de los reclamos de un importante segmento de la militancia de los partidos.
Pre-campaña
El proyecto del PLD sugiere que la precampaña interna en los partidos se inicie un año antes de las elecciones y sea por cinco meses. La precampaña interna se inicia en República Dominicana un día después de juramentado el Presiente de la República.
El 21 de mayo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se proclamó como aspirante a la Presidencia para el 2016, el ministro de Economía , Temístocles Montás unos días después, a las semanas siguientes le siguieron el expresidente Leonel Fernández y los demás precandidatos. El doctor Reinaldo Pared Pérez lo hizo a mediados de este año.
UN APUNTE
Rechazo
La sugerencia del PLD para que los cargos sean propiedad de los partidos y no de las personas ha concitado rechazo en todos los sectores, incluyendo en los propios oficialistas que la definen de inconstitucional.