En América Latina se debate aún si los procesos judiciales incoados contra presidentes en ejercicio o exmandatarios obedecen a un generalizado interés por combatir la prevaricación o sería el resultado de una estrategia regional de judicialización de la política con interés de inhabilitar a un liderazgo continental señalado como progresista.

La sospecha de que se trate de una estrategia imperial contra partidos y líderes del continente ha tomado cuerpo a partir del pedido de prisión contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, incoado por la fiscalía de Sao Paulo bajo la imputación de lavado de dinero y ocultación de patrimonio.
Más de 200 agentes de seguridad y 30 auditores arrestaron a Lula y requisaron su residencia, la de su hijo, así como su oficina política, en una acción que el Partido de los Trabajadores consideró como desproporcionada y un acto de persecución política.

El año pasado, más de un centenar de fiscales extranjeros formalizaron una acusación por corrupción contra el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo y fue reducido a prisión, en un proceso de persecución judicial sin precedente, porque sus acusadores fueron autoridades foráneas.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también es objeto de acoso judicial después que se reveló que las autoridades imputaron a un hijo suyo corrupción por vía de tráfico de influencia. El Parlamento de Venezuela intenta convocar a un referendo revocatorio para destituir al presidente Nicolás Maduro.

Situaciones similares han padecido exmandatarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, entre otros líderes y dirigentes de la región, sin que en alguno de los expedientes se haya podido demostrar la comisión de los hechos imputados, aunque en otros casos la Justicia ha conferido méritos a la acusación.

Por los logros sociales y económicos alcanzados durante su gobierno, el ex presidente Lula se ha convertido en un referente en América Latina. Por lo que el proceso judicial en su contra ha suscitado la desaprobación de gran parte del liderazgo regional.

Sin formular juicio de valor sobre los hechos imputados a Lula, resultaría prudente seguir de cerca los expedientes que hoy se levantan contra líderes del movimiento progresista de América Latina. Es posible que se trate de un oleaje anticorrupción, pero también puede ser un efectivo intento de inhabilitación de ese liderazgo por vía de la judicialización de la política.