Sin remedio a la vista para poder aliviar la grave crisis financiera derivada de una deuda de más de 70 mil millones de dólares, Puerto Rico ha sido notificado mediante sentencias del Tribunal Supremo, de un proyecto aprobado en la Cámara de Representantes y un dictamen del Departamento de Justicia que ese territorio carece de poderes propios y que su soberanía radica plenamente en el Congreso de los Estados Unidos.

Como para que no queden dudas sobre la ratificación de esa condición colonial, Washington impulsa la creación por ley de una Junta Federal de Control Fiscal, cuya autoridad estaría por encima de la del Gobernador, la Legislatura y la Judicatura de la isla, en todo lo relacionado con la administración del Presupuesto, la gestión fiscal y el proceso de renegociación de la deuda pública.

El concepto jurídico de gobierno propio, mediante la modalidad de Estado Libre Asociado, establecido en 1952, quedó virtualmente anulado con dos decisiones consecutivas del Tribunal Supremo estadounidense. La primera sentencia, relacionada con el caso Sánchez Valle, establece que los tribunales de Puerto Rico carecen de poder para juzgar un caso penal que ya ha sido juzgado en una jurisdicción federal.

Esa corte también invalidó una ley de la legislatura puertorriqueña, que autorizaba a empresas, corporaciones públicas y municipios a invocar la quiebra como fórmula para la renegociación de la deuda. Ambos fallos fueron sustentados en el criterio de que Estados Unidos posee el monopolio del poder y la autoridad sobre esas jurisdicciones.

El Departamento de Justicia, ante el caso Sánchez Valle, reiteró, por su parte, que la jurisdicción estadounidense tiene supremacía sobre cualquier sentencia o diligencia procesal que se origine en la justicia de Puerto Rico.

Los puertorriqueños consideran que las más recientes acciones del Congreso, de Justicia y del Ejecutivo de Estados Unidos ratifican y consolidan una sentencia imperial de la Corte Suprema de 1900, según la cual Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Es decir, que la isla es una colonia de Estados Unidos, sujeta a la autoridad, voluntad y poder absolutos de esa nación.

Para afianzar el colonialismo en Puerto, y en medio de los rigores fiscales y de los efectos de una recesión económica que golpea desde 2006, los jueces del Tribunal Supremo estadounidense negaron a la isla los derechos que sí les reconocen a los estados de la Unión y a las tribus indígenas, bajo el alegato de que, contrario a Borinquen, esas colectividades preceden a la fundación del gobierno nacional.

Puerto Rico, cuyo caso fue dramáticamente presentado ayer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por figuras de todas las ideologías, merece la solidaridad de la comunidad internacional, porque sufre los efectos de una cruenta e inducida crisis económica y fiscal; porque ha comprendido que la figura del Estado Libre Asociado se reduce a un eufemismo y que por 118 años ha mantenido la misma condición colonial.
Puerto Rico tiene derecho a un proceso digno… de plena redención.