Toque de queda y ley

El estado de excepción, modalidad emergencia, está vigente desde marzo del año pasado por disposición renovada oportunamente por Congreso Nacional, están vigentes toque de queda restrictivo de libertad de tránsito y además están limitados derechos de reunión y asociación por crisis sanitaria.

Las disposiciones del Poder Ejecutivo, vía decreto, se fundamentan en autorización legislativa del estado de emergencia y en ley general de salud que dispone sanciones correccionales para quienes violen sus preceptos, pero de manera específica no se refiere a incumplimiento del toque de queda.

Esto plantea una laguna jurídica por la incompetencia del Ministerio Público para imponer multas de carácter administrativo y, sin embargo, la Procuraduría General fijó tarifas, que por suerte dejó sin efecto, para detenidos por saltarse disposiciones sanitarias para enfrentar el auge del virus Covid 19.

Medida plantea discusión

Todo se reduce a que la violación del decreto de toque de queda es correccional, sancionada con multa como infracciones a ley de tránsito de vehículos, competencia del Juzgado de Paz y decidida por el juez en base a ley general de salud que indica está en rango de uno a diez salarios mínimos.

La discusión jurídica plantea que en arrestos masivos por incumplir toque de queda e imposición de multas administrativas hay violaciones al debido proceso, a derechos fundamentales y excesos de Policía y Ministerio Público, porque no tiene asidero en una ley preexistente al hecho imputado.

La solución más adecuada es aprobación de una ley, o modificar la vigente sobre los estados de excepción definidos en los artículos 262 a 266 de la Constitución, para que de manera específica se establezcan las sanciones a violadores del toque de queda y disposiciones sanitarias contra el Covid-19.

Por: Carlos Manuel Estrella
cmestrella_@hotmail.com