En los medios electrónicos de comunicación frecuentan las quejas de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en rechazo a las denuncias de los nuevos funcionarios de la administración pública del PRM. Se trata de aquellos casos de irregularidades encontradas en las dependencias del Estado, ahora ocupadas por perremeistas.

La mayoría de dominicanos/as apoya y exige que se denuncie cada irregularidad encontrada, y posteriormente elaboren los expedientes completos y correctos para los fines de judicialización si así lo requiriesen los hechos encontrados. Son innecesarias tantas alharacas si los simples espectadores sabemos que en la mayoría de las instituciones lo mínimo que puede encontrarse son irregularidades de actos anti éticos, indelicadezas y conatos de inmoralidades.

Los casos grandes y sonoros deben ser traducidos a la justicia para que sean procesados y atendiendo a la calidad de las pruebas sean sancionados/as de acuerdo a la ley de la materia de que se trate. Es extraño que los peledeistas no supieran que lo estaban haciendo mal, y que lo que hacían con las manos lo desbarataban con los pies.

La mayoría de la población que apoya las denuncias y comentarios tiene fijada su atención y su demanda de que sean sometidos a los tribunales de la República todos aquellos casos de corrupción y demás, siempre que tengan suficientes méritos para hacerlo.

Eso sí, las denuncias y sometimientos a la justicia deben hacerse con las pruebas más objetivas posibles, de tal manera que cualquier juez responsable se vea compelido a dictaminar la penalidad que corresponda según la ley, a cualesquiera que fuesen los imputados.

Los bravucones y las bocinas deben saber que las violaciones a la Constitución y las leyes no tienen que ser secretas. Los servidores públicos son empleados del Estado, y los espectadores vigilamos qué y cómo se hacen las cosas en la administración pública, inclusive en el palacio de gobierno.

Los funcionarios que se marearon y se adueñaron de los puestos se equivocaron porque estos son del Estado y los paga el pueblo. Son transitorios, prestados, alquilados etc. pero no son propiedad de nadie. Los que se pasaron de contentos y manosearon o se adueñaron de lo ajeno tienen que responder legalmente, y soportar con la misma gallardía cualquier denuncia o sometimiento judicial que se produzca en su contra, sin injusticia pero sin privilegio.

Por: Lic. Santiago Martínez