El auge de la delincuencia y criminalidad alcanzan la cresta de una gran ola de inseguridad que arropa a toda la sociedad, convulsionada hoy por el asesinato a balazos de la teniente de policía Carmen Torres, a manos de dos individuos que la despojaron de su arma de reglamento en Villa Mella. De tal magnitud es el drama que en el Instituto de Patología Forense ayer fueron depositados siete cadáveres de personas muertas por delincuentes.

Quienes ultimaron a esa joven policía adscrita a la Autoridad metropolitana de Transporte (AMET) actuaron con salvajismo al dispararle por la espalda para despojarla de su arma de reglamento, cuando la oficial se incorporaba a su tarea de dirigir el tránsito vehicular en la avenida Hermanas Mirabal. Esas bestias no repararon en la condición de mujer de la víctima para asesinarla de forma artera y cobarde.

Un sangriento fin de semana con saldo de por lo menos siete asesinatos atribuidos a delincuencia o violencia, presagia que las autoridades pierden la batalla contra la criminalidad y que el manto de la inseguridad arropa ya gran parte de la geografía nacional, donde la gente teme salir a la calle ante la posibilidad de ser objeto de un atraco, asalto o de perder la vida a manos de forajidos.

¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la espiral de violencia, delincuencia y criminalidad aumenta cada día? Gobierno, poderes públicos y clase dirigente están obligados a revisar las políticas públicas de prevención, persecución y sanción de los crímenes y delitos, porque la situación de inseguridad ciudadana ya adquiere matices de incontrolable.

La mayoría de los delincuentes que incurren en asesinatos, atracos, robos, violaciones, sicariato y otros crímenes violentos tienen la condición de reincidentes, señal de que Ministerio Público ni Justicia cumplen cabalmente con su función de someter, acusar y sancionar con penas aflictivas e infamantes a esos infractores de la ley.

Es claro que la marginalidad, desigualdad y exclusión social y económica convierten a no pocos barrios populares y comunidades de provincia en presas y focos de la delincuencia, una falta imputable al Estado y a los Gobiernos que no aplican efectivas políticas destinadas a conjurar la marginalidad que padecen esas favelas por vida de la promoción de la educación, salud, empleo, vivienda, deportes y recreación.

El Gobierno está compelido a declarar como situación de alta prioridad el restablecimiento de la seguridad ciudadana y el combate frontal contra toda forma de delincuencia, incluido narcotráfico, corrupción y lavado de activos. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza para imponer la ley y desalojar a los delincuentes de las calles.

Justicia social, expresada en justa redistribución del ingreso, firme y severa respuesta de Ministerio Público y Justicia y erradicación desde el Poder Público de todo referente negativo para la población, como corrupción, negligencia e indiferencia, serían remedios infalibles para combatir y erradicar la creciente delincuencia y criminalidad.