La factura correspondiente al mes de julio por compra de energía eléctrica suplida por empresas generadoras se incrementó en más de 53 millones de dólares con respecto al mes anterior, y en los primeros siete meses del año asciende a US$1,276.4 millones, con un incremento de un 2.7% con relación a 2013.

Esas estadísticas indican que la composición actual de la matriz de generación y los contratos que rigen las relaciones entre la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) generan una carga muy pesada que el Estado puede acarrear.

De un mes a otro, el compromiso de la CDEEE por compra de energía se incrementó en nueve mil 191 millones de pesos, lo que se atribuye a la salida de servicio de las plantas generadoras hidroeléctricas, a causa de la sequía, un problema coyuntural que no refleja en su totalidad el drama.

El 73% de las facturas recibidas por CDEEE durante el periodo enero julio 2014 corresponde a contratos que indexan a precios de fuel oil #6 y #2, que resulta ser la energía más cara, por lo que ya el Gobierno acumuló compromisos por RD$55,661 millones.

Un dato relevante es el que refiere que a pesar de que febrero fue el mes con facturación más baja, el 57 por ciento de la electricidad adquirida por las empresas generadoras se adquirió bajo la modalidad de indexación con combustibles muy caros.

Es claro que en vez de moverse hacia modalidades de generación más barata, el mercado eléctrico se ancla en uso de combustibles no competitivos y en contratos francamente perjudiciales para los intereses del Estado, situación que el Gobierno procura revertir a partir de la construcción de dos plantas a carbón mineral.

La sociedad toda debería sumar conciencia en la dirección de que no es posible sustentar las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la economía sin antes producir un cambio radical en la matriz de generación de electricidad y dar por concluido en 2016 los contratos leoninos que signan las relaciones de negocios entre Gobierno y empresas generadoras.

El proyecto de generación eléctrica de Punta Catalina sería el punto de partida para conjurar formas de oligopolio y prácticas desleales de comercio que caracterizan hoy a la industria eléctrica y que ha significado que el Estado erogue más de diez mil millones de dólares en subsidios al sector en el último decenio.