La Conferencia del Episcopado Dominicano convocó para mañana una jornada de oración para que se mantenga la penalización contra el aborto, mientras que desde el Gobierno se realiza una ofensiva en procura de que se permita la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias.

La población parece dividida entre los que, como la Iglesia Católica y de otras denominaciones, rechazan toda forma de aborto, y quienes respaldan la posición oficial de que se permita cuando la vida de la madre esté en peligro, si es producto de una violación o si el feto tiene malformación.

No debería afirmarse que en torno a ese tema se confrontan posiciones progresistas o liberales contra actitudes atrasadas o conservadoras, porque lo que se debate es un asunto de carácter ético o moral que tiene implicaciones jurídicas.

Falta saber si la cultura acumulada por una sociedad se subordina a un orden jurídico determinado o si las leyes reflejan las tradiciones, costumbres o normas de comportamiento que perfilan la identidad de esa colectividad.

Es por eso que lo que en un país está permitido, en otro está prohibido, como por ejemplo la bigamia y la unión legal entre pareja de un mismo sexo, porque son conductas sociales que algunas culturas aún no digieren, aunque otras las asimilan sin mayores consecuencias.

Quienes respaldan la observación hecha por el presidente Danilo Medina al nuevo Código Penal, en lo referente a la despenalización del aborto, afirman que se procura proteger la vida de la mujer y sus derechos sexuales y reproductivos.

Las iglesias y otros sectores sociales que rechazan esa iniciativa dicen defender el derecho a la vida, que la Constitución declara inviolable desde el momento de la concepción, por lo que puede decirse que se trata de una confrontación de carácter ético y moral.

No resulta fácil prohibir por ley que el médico cumpla con su deber de salvar la vida de la madre en peligro por un embarazo o negarle prerrogativa a una madre para interrumpir un embarazo producto de una violación o cuando el feto presenta deformación incompatible con la vida.

El dilema ético y moral consiste en responder la pregunta de ¿Quién se cree con autoridad para interrumpir una vida? O si las razones expuestas son válidas desde el punto de vista de la ciencia o del derecho.