Ninguna empresa estatal o privada podría sobrevivir con pérdidas anuales que superan los mil 200 millones de dólares, con excepción del consorcio de distribuidoras de electricidad (las Ede) que regentea el Gobierno, que ha tenido que erogar US$6,161 millones en cinco años para cubrir déficit del sector eléctrico.

Más grave aún es que esos números rojos en vez de disminuir se incrementan, con pérdidas acumuladas en las Ede de un 37 % a un 42 % y un monto promedio en transferencias desde el Gobierno al subsector eléctrico de US$1,232 millones, conforme a estadísticas del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

Para que se tenga una idea de la gravedad de esa crisis se señala que las transferencias al sector eléctrico ascendieron en 2020 a 483 millones de dólares; en 2021, a US$828.6 millones, cifra que casi se duplicó en 2022, al sumar US$1,596 millones; en 2023, fue de US$1,484 millones y el año pasado subió a 1,769.1 millones de dólares.

No hay forma de justificar ese derrumbe financiero, ni aun con noticias tintadas de rosa que refieren un incremento en la generación de electricidad, o de una mayor cobertura en la producción de energías renovables, porque al fin y al cabo todo va a parar al sumidero, como lo demuestra que en cada uno de los últimos cuatro años las Ede aumentaron sus pérdidas porcentuales.

Que no se hable más, ni se pinten pajaritos en el aire; se requiere aplicar con el mayor rigor y seriedad un programa de rescate de las distribuidoras de electricidad, que inicie con una sana y responsable gestión de esas empresas, alejada del clientelismo, sin que ningún actor pretenda extraer conejos ni pañuelos desde algún sombrero de demagogia o fantasías.

El informe de Crees dice que las pérdidas de las Ede han sido las más altas en una década, lo que refleja que los recursos multimillonarios “no han logrado reducir ni las pérdidas técnicas ni las no técnicas, es decir los fraudes, conexiones ilegales y falla en la cobranza”.

En los últimos nueve años, el gobierno transfirió al sector eléctrico US$8,750.9 millones, cifra mucho menor a los US$2,155 millones que recibiría el Estado por la renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos al consorcio Aerodom hasta el 2060, lo que ofrece una idea de la magnitud del derrame de recursos que provocan los déficits de las empresas distribuidoras de energía.

El Gobierno está compelido a suturar cuanto antes esa hemorragia financiera que se refleja cruentamente en el incremento del déficit fiscal, del endeudamiento público y que amenaza con provocar el colapso de la economía. Que no se hable más y que se ingrese hoy mismo al quirófano a ese paciente.