Un repentino flujo de sucesos y rumores en torno a los temas nacionalidad e inmigración obligan al Gobierno a despejar nueva humareda que amenaza con volver a cubrir de incertidumbre el escenario de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre regularización migratoria.

El vicecanciller, José Manuel Trullols, presentó ante la 25ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), lo que fue definido como “el más ambicioso y completo plan en la historia del país en materia migratoria”, que podría regularizar en los próximos meses el estatus migratorio de 430 mil indocumentados de más de cien países.

Conforme a lo expresado por el vicecanciller Trullols, el plan se sostendría en dos pilares: el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular y la Ley especial para atender los casos de personas inscritas de manera irregular en el Registro Civil dominicano.

Aunque se señala que en ambos procesos de regularización migratoria se abordarían los casos de manera individual de acuerdo a requisitos claros, con procedimientos expeditos, no parece fácil cumplir la meta de resolver estatus migratorios de más de 400 mil indocumentados en menos de cien días.

Junto al anuncio de ese ambicioso compromiso asumido por el Gobierno, se anuncia la reanudación del diálogo bilateral con Haití con otra sesión a celebrarse en la ciudad haitiana de Jacmel y al inminente envío al Congreso de la Ley Especial que abordaría el tema de extranjeros inscritos como dominicanos en el Registro Civil.

Como para que no haya duda sobre la consistencia de su criterio en torno al alcance de la nacionalidad, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de la Junta Central Electoral (JCE) de revocación de la sentencia emitida por una corte de San Pedro de Macorís que ordenaba proveer de cédula de identidad a 28 personas de origen haitiano.

Para que la humareda sea aún más densa, una misión de Amnistía Internacional ha arribado a suelo dominicano para intensificar presiones al Gobierno y al Congreso para que no se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional, bajo la amenaza de que el país sufriría condena y aislamiento internacional.

Ante un cuadro jurídico, político y diplomático tan difícil, lo mejor sería que el Gobierno se guarezca detrás de la fortaleza institucional de la República y aplique la ley bajo el predicamento de garantizar derechos humanos y reducir situación de vulnerabilidad, pero sin violentar jamás la sentencia del Tribunal Constitucional vinculante con todos los poderes del Estado.