Ha hecho bien el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) en disponer que se realice una investigación en torno a la denuncia formulada por un exjuez de que se utilizan datos de fallecidos en los hospitales Francisco Moscoso Puello y Luis Eduardo Aybar para documentar a niños haitianos.

La inscripción fraudulenta de extranjeros en el Registro Civil fue la causa principal que motivó la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la nacionalidad y a la regularización de la situación migratoria de miles de indocumentados, que a su vez fue el detonante de una intensa campaña internacional de descrédito contra el país.

No hay razones para adelantar juicios respecto a la denuncia que ha presentado el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, pero sí la necesidad de que se investigue de manera oportuna y profunda para evitar que esa infracción adquiera ribetes de gran problema.

El jurista señala que una mafia gestiona la expedición de certificaciones de defunciones que luego les sirven de base para solicitar inscripciones tardías en el Registro Civil en favor de niños haitianos, una práctica que de comprobarse se sumaría a las muchas formas fraudulentas que acometen indocumentados para agenciarse nacionalidad o residencia.

Las autoridades han desmantelado grupos mafiosos integrados por dominicanos y haitianos que trasegaban con carnés falsos de regularización migratoria, por lo que no debería extrañar que también se procure falsificar documentos para la inscripción en el Registro Civil.

El presidente de la JCE ha encomendado a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández, revisar los casos existentes en la Unidad de Declaraciones Tardías, así como en las delegaciones de los referidos hospitales, a los fines de determinar la posible veracidad de esa denuncia.

Los fraudes de naturaleza migratoria o del orden civil son frecuentes en todos los países o territorios objeto de excesiva presión por ingreso de indocumentados, por lo que la denuncia del doctor Castillo Pantaleón o de cualquier otra persona, requerirá siempre la mayor atención de las autoridades.

Nunca debería olvidarse que la acérrima y dilatada campaña internacional de descrédito que ha padecido el gentilicio dominicano ha tenido su origen o base en el fraude migratorio, base también de la infame y recurrente acusación de promover apatridia y xenofobia.