El Ministerio Público confía tanto en el Código Procesal Penal que al enunciar figuras como el criterio de oportunidad, delator premiado y caso complejo, ha descuidado su objetivo principal de lograr que los tribunales acojan sus fardos probatorios contra procesados en expedientes de corrupción.

Ese Código no ha sido objeto de fiel cumplimiento por el órgano acusador en lo relacionado con normas procesales que protegen derechos de los justiciables, como la presunción de inocencia, debido proceso, la libertad como norma y la prisión preventiva como excepción en sus pedimentos de medidas de coerción.

A eso se debe que los más sonados casos de corrupción se prolonguen por años, que la mayoría de los imputados en por lo menos un expediente sean declarados inocentes y que a principales encartados se les otorgue la privilegiada condición de delatores premiados.

Los procuradores fiscales consideran que si logran el retorno de una parte significativamente menor al botín conculcado al Estado, se contribuye decididamente a frenar la corrupción, como si extrapolar esa figura procesal anglosajona sustituyera las penas aflictivas e infamantes que se deberían aplicar ante la probada comisión de una infracción criminal.

El Código Penal queda subordinado a las diligencias procesales que sirven para apretar torniquetes o frotar ungüento, según sea el imputado de prevaricación, tanto así que un prevenido puede sufrir una pena anticipada de hasta cuatro años de cárcel, mientras otro, fugado al extranjero, escala a delator premiado.

La corrupción, lejos de disiparse se fortalece, lo que entre otras razones se atribuye a la confusa política de prevención, persecución, investigación y sometimiento a los tribunales que por ese tipo penal encamina el Ministerio Público, que se define como zigzagueante y conveniente.

El presidente Luis Abinader ha advertido que no tolerará robo o cohecho en su gobierno y aseguró que cualquier funcionario que incurra en prevariacion será traducido a los tribunales, además de informar que ha solicitado una investigación sobre la denuncia de irregularidades en la adquisición de vehículos y que desde 2024 solicitó auditar el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La Cámara de Cuentas ha prometido que divulgará unas cien auditorias, dos de las cuales arrojarían escándalos en Senasa y Punta Catalina, razón más que suficiente para que el Ministerio Público cambie de rumbo y se ponga en lo suyo, con la realización de investigaciones sin sesgo de ningún tipo, ni uso excesivo y privilegiado de figuras del código Procesal Penal que desvirtúan la investigación y alientan la impunidad.