La Junta Central Electoral (JCE) reconoció el Partido Alianza País y dos organizaciones municipales, pero rechazó la solicitud de legalización de otras siete organizaciones partidarias, incluidos tres regentadas por empresarios del transporte de pasajeros y de carga.
Un trabajo de campo realizado por la Comisión de Partidos de la JCE determinó que el partido presidido por el doctor Guillermo Moreno obtuvo un 59.7 de confirmación de afiliados, por lo que recibió autorización para actuar con personería jurídica.
Los partidos Movimiento Rebelde, de Juan Hubieres; De la Esperanza Nacional, de Blas Peralta y Primero la Gente, de Antonio Marte, no superaron el 43.33%, lo que motivó, de conformidad con la ley, que el pleno de la Junta rechazara su solicitud de legalización.

Los grupos y dirigentes que resultaron perjudicados con la decisión de la JCE tienen vía expedita para reclamar revisión de esa resolución, incluso la de acudir al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional, si lo consideran útil o pertinente.
Lo que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia es que camiones, patanas, guaguas y carros del concho sean parados por esos empresarios transportistas para provocar caos y presionar así a las autoridades electorales a revocar la resolución de rechazo a sus respectivos partidos.

En reclamo de sus derechos, esa gente no puede ni debe provocar desasosiego mediante los mentados paros o taponamientos del tránsito vehicular, ni de producir paros en el transporte interurbano o en el acarreo de cargas.

Los jueces electorales han actuado con apego al ordenamiento jurídico y con sobrado valor al solo aprobar un partido político y dos movimientos municipales que cumplieron con requisitos básicos para optar por su legalización, y rechazar aquellos cuya documentación presentada no pudo ser comprobada por los inspectores de la JCE.

El miedo, la extorsión, el chantaje y otras prácticas similares tan recurrentes en grupos y sectores que se creen dueños del país, deben tener el antídoto de la ley, por lo que mejor sería que todos recurran a las vías jurídicas expeditas y dejen las calles y a los ciudadanos tranquilos.