SCJ, TSA y violaciones.-

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Hemos afirmado muchas veces, y es bueno que se diga otras tantas, que el Estado Social y Democrático de Derecho que tenemos los dominicanos, conforme al artículo 7 de la Constitución, está obligado por todo el sistema jurídico a ser el más grande garante y defensor de los derechos fundamentales de las personas, del orden constitucional, de la institucionalidad y de la democracia; pero que, en la práctica, en los hechos, el Estado incumple olímpicamente su compromiso, debido a que resulta ser el más grande violador de todos los principios, valores y reglas que le impone el Pacto Fundamental.

Nuestro diario vivir está lleno de ejemplos que ilustran claramente la aseveración del párrafo anterior. Parecería una perogrullada intentar probar esa verdad. Basta con que una autoridad aprese a un ciudadano sin que sea in fraganti o sin orden motivada de un juez, cosa común, para que se confirme lo señalado.

Pero lo más escandaloso y triste de ese incumplimiento del Estado resulta cuando las autoridades se atribuyen facultades que no les corresponden, en perjuicio de los derechos fundamentales y de todo el ordenamiento legal. Esto es más vergonzoso y vergonzante cuanto lo hacen con plena conciencia de que están cometiendo un exceso de poder y de que invaden facultades de otro poder del Estado.

Sobre todo cuando especialistas en la materia ejercen el derecho de advertirles el crimen jurídico que cometen y las consecuencias negativas que generarán con su actuación. Pero dar voces en el desierto es lo mismo que dirigirse a autoridades sordas por la soberbia y los intereses.

Una de las violaciones más serias que evidencian al Estado como violador de su propio sistema jurídico sucedió cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en vigencia la resolución núm. 3642-2016, que aprueba el reglamento de desjudicialización de deslinde y procedimientos diversos, de fecha 15 de diciembre de 2016.

El autor de esta columna, siendo juez del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, Distrito Nacional, se atrevió a manifestar su opinión disidente cuando se presentó el primer proyecto de esa mala resolución. También escribió diversos artículos para esta columna y en revistas, criticando la intención. Y hasta en libros de nuestra autoría consta la advertencia de que esa resolución era un desatino jurídico.

Ahora bien, lo más doloroso es que jueces que sabían de las violaciones que se cometerían con la susodicha resolución, guardaron un silencio cómplice. Otros más prosternados llegaron hasta a justificar esa norma administrativa, para lucir graciosos al poder de turno. El servilismo es cosa vieja, debido a la cultura autoritaria que, desde la fundación de la República, estamos sufriendo.