QUINTAESENCIA

Derecho y salud

La pandemia del coronavirus, denominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID-19, ha puesto en jaque a los sistema sanitarios de todos los países del mundo, por una parte, y a la capacidad de los Estados para proteger los derechos fundamentales de las personas, por la otra parte. Y afirmamos que es un jaque, en el argot ajedrecista, que le ha cantado ese virus porque poco le falta para declarar el mate o fin de la eficacia de la salud pública global, así como la liquidación de los ordenamientos jurídicos.

Sabemos que la aseveración que precede es apocalíptica. Pero no es para menos. La tragedia que vive la Humanidad es tan grave que si no se crea con urgencia una vacuna y se distribuye con sentido de fraternidad universal, las consecuencias en pérdidas de vida, en el colapso de las economías y de los sistemas sanitarios serán inevitables, con efectos impredecibles.

Recordemos el razonamiento dialéctico, comprobado por la historia, que una crisis económica genera una crisis social, y que una crisis social se asciende a una crisis política, y que una crisis política explota en una ingobernabilidad que hace imposible la buena gobernanza. Por tanto, el caos se enseñorea sobre la sociedad. Y como el origen del mal es la COVID-19, que se manifiesta globalmente, entonces las secuencias de crisis serán también globales.

Se confirman más de 16 millones de infectados y más de 650 mil muertes en el mundo por causa de la COVID-19. En nuestro país van más de 64 mil contagiados, con más de mil muertes, y contando.

Aquí podemos evitar esas crisis con el cumplimiento del artículo 61 de nuestra Constitución. En su parte capital consagra: “Toda persona tiene derecho a la salud integral.”

Para matar dudas, en su numeral 1, reza: “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”.

Y en su numeral 2, manda: “El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.”

Ojalá que el próximo presidente, Luis Abinader, pueda cumplir con ese mandato del Pacto Político, para evitar la escalada de crisis que ya sabemos.

Por: Rafael Ciprián

rafaelciprian@hotmail.com