Por Rafael Ciprián
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La situación jurídico-política que se puede presentar el próximo 16 de agosto si por causa de la pandemia del COVID-19, o por cualquier otra razón, no se pueden celebrar las elecciones presidenciales y congresuales extraordinarias, fijadas por la Junta Central Electoral (JCE) para el 5 de julio venidero, ni en ningún otro momento antes de aquella fecha de transición de mandos, ha creado un verdadero debate entre los especialistas en derecho constitucional.

Hemos debatido el tema en todos los medios de comunicación, y las redes sociales están saturadas de opiniones encontradas.

Lo lamentable de esta trascendente discusión es que muchos colegas constitucionalistas se atrincheran en líneas argumentativas prefijadas, para no decir bajadas, y acríticamente pasan a defender intereses partidarios, en lugar de auténticas tesis doctrinales.

Somos del criterio, primero, que todas las interpretaciones son válidas; rechazamos la estigmatización de correcta o incorrecta de una interpretación, porque sabemos que en derecho no hay verdades. Solo existen normas y criterios. Y no somos ni nihilistas ni escépticos convencidos. Solamente tratamos de ser objetivos y realistas.

Las normas son para aplicarse y cumplirse en la sociedad o para ser impugnadas por las vías establecidas en el sistema jurídico, si las personas con legitimidad activa no están de acuerdo con ellas, debido a que las consideran afectadas de algún vicio que las pueden hacer inaplicables o nulas. Y los criterios, sin importar de quién vengan o cuándo lleguen, los aceptamos o los rechazamos, si nos convencen o no, dependiendo de su fundamentación y su adecuada presentación.

Y, segundo, jamás olvidamos que el derecho constitucional nunca es pacífico. Siempre expresa la lucha política. Es el combate entre los factores reales de poder que interactúan en la sociedad, defendiendo intereses y pugnando por posiciones de poder.

Carlos Marx, el cerebro mejor amueblado de la Europa del siglo XIX, afirmó que toda lucha social es una lucha política. Mientras que Carl von Clausewitz dijo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y nosotros afirmamos que el derecho constitucional es la guerra política reglada y llevada al terreno del ordenamiento jurídico.

El derecho, en todo tiempo y lugar, es un instrumento político. Los ilusos son los únicos que no se dan cuenta de esta gran verdad. Y pagan muy caro su ignorancia.

Por tanto, recibimos con sonrisas las opiniones que se han vertido sobre la suerte de la democracia en la República Dominicana si no tenemos elecciones antes del 16 de agosto; pero ni hay vacío constitucional ni habrá vacío de poder.