Página Dos

RADAR

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Las agencias internacionales difundieron la noticia de que  en Eslovenia, una lejana república del antiguo bloque socialista, se ha desatado un escándalo por la supuesta complacencia de las autoridades con “la trata de cientos de mujeres procedentes de República Dominicana” que reciben visados  de trabajo como bailarinas, pero que en realidad ejercen la prostitución. Un diario y un canal de televisión   destaparon el escándalo en el que se involucra a un ex legislador y  varios altos funcionarios del gobierno. La denuncia fue hecha nada menos que por  el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia, cuyo vocero se refiere al tema  también como una forma de explotación en perjuicio de centenares de mujeres dominicanas. Ese escándalo constituye un motivo de vergüenza para el gentilicio dominicano que  aparece  en la prensa internacional como gran exportador de prostitución a toda Europa. Ojalá que la cancillería dominicana se dé por enterada ante esta enojosa situación y que algún embajador o cónsul concurrente se motive a defender los derechos de esas jóvenes abusadas.

Abuso infantil

El Gobierno estima en más de 200 mil el número de niños, niñas y adolescentes que participan  en el mercado laboral, en violación a  leyes y convenios internacionales que prohíben esa  forma de explotación de la mano de obra infantil. Entidades de la sociedad civil calculan en más de 300 mil los menores  que  trabajan en diversas  actividades económicas,  cifra escandalosa, pues  en una  sociedad que se precie de civilizada,  los niños  están la mayor parte de su tiempo en las escuelas, hasta que  adquieran la edad de pertenecer a la población económicamente activa. La única manera que la ley prevé la participación de  adolescentes en actividades  económicas remuneradas es en condición de  aprendizaje, bajo supervisión de las autoridades de la Secretaria de Trabajo. Claro, tal disposición es letra muerta, porque aquí no hay regulación sobre esa materia, a pesar de que el Estado tiene la obligación de proteger  a los menores.

El Nacional

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