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Las deudas con los generadores han vuelto a colocar el sistema eléctrico al borde de interrupciones más prolongadas y tediosas del costoso y deficiente servicio. Los productores han dado la voz de alerta sobre lo que puede ser la reanudación de la tanda de apagones que tanto irrita a la población. Con todo y que las interrupciones formen parte de la cultura y tradiciones de los dominicanos. Una suerte de símbolo de identidad. Se ha dado cuenta que de los 573.6 millones de dólares que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Edes deben a los generadores, 415.5 corresponden a deuda corriente, en tanto los restantes 92.2 son por facturas no vencidas del último mes. Es posible que la caída de los precios del petróleo, cuya alza ha sido invocada como el principal causante del problema eléctrico, pueda representar un respiro para las autoridades. El crudo se cotizó en las últimas horas a 81.31 dólares el barril, unos 6 dólares por debajo de la proyección contemplada en el Presupuesto. Pero la realidad parece que si las autoridades no llegan a algún tipo de arreglo con los generadores, los apagones se aliarían con la ola de calor para castigar con más fuerza a los sufridos consumidores.

Problema con bonos

Como si nunca faltara un pelo en un sancocho, ahora ha salido a relucir que varias entidades descentralizadas han sido excluidas de la ley de crédito público, que autoriza al Ministerio de Hacienda la emisión de bonos para saldar con suplidores. El Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa) figuran entre las entidades que no pueden cancelar con títulos las deudas contraídas. A menos, como han planteado acreedores de esas entidades, que se modifique la ley de bonos o se encuentre algún otro instrumento.  De otra forma, los organismos no pueden formalizar ninguna operación financiera que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto. Para saldar compromisos internos se aprobaron siete mil millones de pesos en bonos, pero la exclusión de entidades inquieta a acreedores.