RADAR

Los policías bolivianos han tomado las calles y saqueado sus propias instalaciones e incendiado documentos en una inédita protesta en demanda de mejoras salariales, jubilación al 100% y otras prestaciones. La tensión que reina en una región en que una chispa puede crear un gran incendio reviste de singular inquietud la sublevación de los agentes, cuyas esposas habían iniciado el miércoles una huelga de hambre para insistir, tras múltiples manifestaciones, en la derogación de una ley, la creación de una Defensoría del Policía y las prerrogativas que se han enarbolado. Sólo la banca, las empresas privadas y las cárceles quedaron protegidas por los policías, quienes abandonaron sus puestos en los cuarteles, la sede del Gobierno y en las instituciones públicas. El presidente Evo Morales ha manejado el conflicto con mucha prudencia. Antes que apelar al Ejército para enfrentar o sustituir a los agentes, ha optado por la negociación. Sin embargo, las protestas protagonizadas por agentes policiales, nada usuales, no dejan de representar una señal de alerta sobre lo volátil que puede tornarse el cuadro político y social al menos en países que han defendido su patrimonio y los derechos de las mayorías.

Desafía senadores

El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha retado a que los interpelen para explicar el destino de los bonos por 500 millones de dólares para subsidiar el servicio. Molesto por los cuestionamientos a su gestión, Celso Marranzini ha definido la citación como una oportunidad brillante “para decir cosas que tal vez algunos no quieran oír”.  Esa tipo de amenaza, que se ha tornado tan usual, no sólo atenta contra la transparencia, sino que se presta a conjeturas. Aunque ha advertido, de entrada, que sin el subsidio habría que aumentar la tarifa. Marranzini también alegó que con un petróleo por encima de los 100 dólares el barril, 695 millones de pesos serían insuficientes para costear el servicio sin elevar la tarifa. Pero resulta que hace tiempo que el crudo está muy por debajo de los 100 dólares y en esta semana cerró a poco más de 72 dólares. Pero si se va a investigar debe aclararse también para qué el Congreso necesita 300 millones más.