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El presidente haitiano, que salió airoso de la tormenta política sobre la doble ciudadanía que se le atribuía, enfrenta ahora otro conflicto. No de dimensiones legales o constitucionales, pero igualmente molestoso. Se trata de la protesta protagonizada por cientos de familias contra un plan para remover sus precarias viviendas en las faldas de una colina. La movilización, que fue reprimida por las autoridades, dejó varios heridos. Martelly, según los familias, había prometido reconstruir las casas arrasadas por el terremoto de enero de 2010, pero ahora contempla demolerlas para construir canales y reforestar laderas. El proyecto persigue, entre otros fines, contener las riadas, a veces trágicas, que ocurren durante la temporada de lluvias. Pero los residentes en la zona no lo entienden o no creen en la promesa de que serán reubicados en áreas más seguras. Y por eso las movilizaciones y las acusaciones contra Martelly, a quien se han acumulado múltiples problemas y escándalos que de alguna manera han limitado la asistencia financiera internacional. Después del terremoto son muchas las viviendas que se han improvisado en zonas frágiles, que todavía desafían la sensibilidad y la capacidad de las autoridades.

El pulso a Cabildos

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha eliminado el arbitrio de los Cabildos a las viviendas suntuarias y los solares yermos. La decisión fue sobre una litis de la Asociación  de Constructores y Promotores de Viviendas con el Ayuntamiento  del Distrito Nacional, pero no es exclusiva. El tribunal estableció que el 5.25 por ciento impuesto por el Cabildo estaba contemplado en la Ley18-88. Se trataba, pues, de una doble tributación. Lo insólito es que la litis viene rodando desde julio de 2001, cuando la entidad elevó el recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Desde entonces el Cabildo del Distrito Nacional ha aplicado un arbitrario ilegal, en perjuicio tanto del sector de construcción como de propietarios de casas suntuarias y de solares yermos. La normativa del Cabildo que fue anulada por el Tribunal Constitucional data de junio de 2000. La sentencia se ampara en el artículo 200 de la Constitución, que prohíbe la doble tributación. Una lección para los Cabildos.