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No ha tardado en tornarse visible el pulso entre el Gobierno y el sector empresarial sobre el peliagudo problema eléctrico. En tanto el vicepresidente de la Corporación  de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, esbozaba la estrategia para superar la crisis y el presidente Danilo Medina advertía  que no se dejará torcer el brazo, la Cámara Americana de Comercio, a través de su vicepresidente William Malamud, ponía el dedo en la seguridad jurídica como garantía de un buen clima de inversión. T

ras señalar que sectores empresariales resisten los esfuerzos del Gobierno para resolver el problema energético, el mandatario advirtió, en un manifiesto espaldarazo al programa esbozado por Bichara, que ni se quedará de brazos cruzados ni continuará lanzando por la borda 1,500 millones de dólares cada año para beneficiar a unas cuantas empresas. Pero Malamud no se guardó la pelota.

La devolvió con la advertencia de que sin seguridad jurídica ni la garantía de contratos no hay condiciones para prosperidad económica sostenible. Si bien señaló su interés en contribuir con el fortalecimiento del Estado de derecho, el lance no deja lugar a interpretaciones. El panorama se pone, pues, de lo más electrizante.