RADAR

Todavía no se materialice por alguna mediación de último momento, el paro de 24 horas anunciado por el Sindicato Nacional de Enfermería en hospitales de la región Sur refleja tanto la presión a que está sometido el sector salud como la incapacidad para dirimir conflictos a través del diálogo.  Para reclamar el pago de unos 60 millones de pesos en incentivos y el nombramiento de personal de enfermería en diferentes centros hospitalarios no hay que privar a los pacientes de una atención tan importante. El movimiento traduce que  el sector carece de interlocutores y  confianza para discutir demandas que no ameritan la suspensión de los servicios de enfermería. Al solicitar la intervención del ministro Bautista Rojas Gómez, el gremio culpa al gerente regional Rafael Sánchez Chanlatte de los problemas que enfrentan sus miembros con la distribución de los incentivos que paga el Servicio Nacional de Salud (Senasa). Como no se trata del único conflictivo que se ha denunciado en torno a la distribución de los incentivos, el titular de Salud Pública haría bien en tomar carta en el asunto. Pero para pelear los subsidios las enfermeras del Sur no tienen que privar a la población de sus servicios a través de una huelga ni siquiera de un minuto.

Juicio secreto

La verdad es que ha debido enarbolarse otro pretexto para la insólita e inquietante decisión de ventilar a puerta cerrada el juicio a los implicados en la supuesta banda que se atribuye al boricua José David Figuereo Agosto. El alegato de la magistrada Claribel Nivar Arias de que la decisión se adoptó para preservar la honra de Figueroa Agosto y la de su esposa no lo cree ni ella. Parece más bien una burla. ¿Desde cuándo existe ese interés de preservar la honra de los acusados? Todavía más tratándose de un acusado como Figueroa Agosto, denostrado a través de todos los medios y de todas las formas? Es obvio que algo en el juicio se pretende ocultar a la opinión pública con una decisión que es abiertamente inconstitucional. No hay otra conclusión frente a un atentado, dizque a nombre de la moral. Pese a la alarmante incompetencia profesional no se concibe que una magistrada como Nivar Arias ignore el carácter oral, público y contradictorio de los procesos judiciales.