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Cualesquiera fueran las circunstancias, se trata de una buena señal la detención de 11 inspectores de la Dirección de Migración y de tres militares sospechos de extorsionar a haitianos residentes ilegalmente en el país. Con lo sensible del tema migratorio las autoridades no pueden permitir que se incurra en ninguna suerte de abuso contra haitianos que vivan aquí de manera legal o ilegal. Y menos cuando ahora mismo el Gobierno estadounidense ha condenado los abusos de que son víctimas los dominicanos en Puerto Rico. Para despejar cualquier duda, se identificó como Rafael Antonio de Jesús Balbuena, Cristhian Bernardo Sánchez Gómez y Anderson Bautista algunos de los inspectores detenidos por supuestamente extorsionar a los haitianos. Los militares fueron identificados como Johan Alexander Berroa Valera, Bolívar Patricio Pepén de Jesús y Porfirio Escoto.  El caso de los inspectores y militares es para que se actúe con más celo a fin de evitar abusos aislados, pero que suelen propagarse hasta convertirse en tormenta. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Migración han dado un buen ejemplo con la detención de  los inspectores y militares involucrados en atropellos contra inmigrantes haitianos.

Reenvíos suspicaces

Los ocho reenvíos del proceso sobre la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) se han tornado más que suspicaces. Como no es tradición en casos que regularmente se ventilan al vapor, los inconvenientes para fallar el juicio dan de que hablar. Tras ser detenido en Venezuela y deportado a República República Dominicana, el proceso se inició el 19 de enero y desde entonces siempre han prosperado los alegatos para evitar que   sea juzgado en Puerto Rico por cargos de narcotráfico. Se le ha sindicado como un comerciante poderoso y uno de los principales socios del capo boricua Jose David Figueroa Agosto.  El presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Alvarez Valencia, fijó para el lunes próximo la audiencia para decidir sobre la extradición del imputado.  Será siempre loable que la Justicia respete los derechos de los procesados, aunque por inusual el caso de Toño Leña se preste a conjeturas