No cesa
Los efectos de la tormenta causados por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la dominicanidad están lejos de pasar por ahora. Más bien cobran fuerza. Mientras la Junta Central Electoral (JCE) y el Gobierno defienden la decisión, expertos en derecho constitucional, grupos de inmigrantes y entidades internacionales la han censurado y expresado preocupación.
En Haití, el embajador dominicano Rubén Silié Valdez ha sido llamado a consulta por el Gobierno sobre el impacto del controversial fallo, que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) podría convertir en apátridas a un sinnúmero de nacionales de ascendencia haitiana.
Para el jefe de la misión diplomática, Gonzalo Vargas Llosa, lo más preocupante “es que el Tribunal solicitó a las autoridades dominicanas identificar casos similares de dominicanos de ascendencia haitiana formalmente registrados desde 1929”, que no calificarían bajo el criterio de la alta corte. Se calcula que por lo menos tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana podrían convertirse en apátridas, lo que sin duda tendría un efecto devastador para las familias que quedarían sin una nacionalidad. El problema, por lo visto, no es tan simple.
