RADAR

La elevada tasa de muertes neonatales, que el jefe de ese departamento del hospital de maternidad Nuestra Señora de la Altagracia calificó como una vergüenza, indica que  simplemente se tienen que redoblar los esfuerzos para revertir el luctuoso drama. Evitar que tantos niños mueran antes de cumplir el primer año constituye el gran desafío para el Gobierno y las autoridades del sector salud. Las estadísticas son alarmantes. De cada mil infantes que nacen, 32 mueren antes de cumplir el primer mes y 24  sin llegar a un año. El pediatra Luis Rivera considera que por el hacinamiento y las condiciones de la unidad neonatal del centro médico las muertes deberían ser más numerosas. De todas formas dijo que se trata de una vergüenza que a estas alturas tantos niños mueran antes de cumplir el primer año de nacidos.  Nacimiento prematuro, bajo peso, problemas respiratorios, infecciones prevenibles y otras se citan entre las primeras causas de defunciones que han sonado la voz de alarma en el sector salud. Rivera atribuye su cuota de encubrimiento a los organismos internacionales al ponderar que en el país se ha logrado reducir la mortalidad materna, pero sin aludir a la neonatal. El caso es que habrá que reforzar las acciones en ese sentido.

Mano al Gobierno

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) le ha tendido la mano al Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una intervención que en modo alguno puede pasar inadvertida, sobre todo en momentos como los actuales. Extraña mucho lo que sin duda constituye un cambio de actitud del Conep al señalar que el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para cumplir lo pactado. Sabiéndose como se saben las cosas por aquí es posible que con el reconocimiento el Conep haya cedido a algún tipo de petición frente a los riesgos que enfrenta la economía. Si de algo se había quejado la entidad empresarial era de la política de gastos del Gobierno, incluso del endeudamiento, la corrupción y el clientelismo. El acuerdo con el FMI está en un limbo porque el Gobierno no ha cumplido con la carta de intención, además de excederse en el monto del déficit fiscal. Es lo que se alega, porque tampoco ha ofrecido explicaciones al respecto.