Los últimos incidentes que han rodeado el proceso por corrupción y lavado contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, crean muchas expectativas sobre la reapertura del juicio. Díaz Rúa ha solicitado que se suspenda, por supuestas violaciones de sus derechos procesales, la investigación en su contra que dirige la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de quien muchos entienden que, por su protagonismo personal, ha debido inhibirse.

Más que buscar justicia, se atribuye cierto interés a la magistrada en convertir a Díaz Rúa en chivo expiatorio de la lucha contra la corrupción, restándole de esa manera credibilidad al proceso.

El conflicto tomó calor tras la confrontación, durante la última audiencia, entre Reynoso y la jueza Margarita Cristo Cristo, a quien luego de recusar la representante del Ministerio Público enrostró haber sido designada con el mandato expreso de favorecer al exfuncionario. Por las imputaciones Cristo Cristo ha entablado una demanda contra Reynoso. El caso, que será ventilado mañana por el juez Leomar Cruz, se ha convertido, por su connotación, en un juicio de opinión pública. Y entre sus muchas lecturas se cita el interés de la fiscal en reivindicarse con la persecución de la corrupció.

Justicia inmobiliaria

Desde hace tiempo se habla de una crisis en la justicia inmobiliaria. Los deslindes y la demora en los registros de títulos son una odisea. Y no son los únicos problemas de un sistema sobre el cual la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha advertido que podría colapsar en menos de dos años sin no se toman los correctivos.

El deterioro de la reforma iniciada en 2005 se citan entre las causas que amenazan un sistema, cuyo colapso, según Finjus, “constituiría el más grave atentado a la seguridad jurídica y estabilidad económica que el país podría sufrir, con consecuencias catastróficas”. Pero las soluciones tampoco pueden ser unilaterales, sobre todo cuando entre los ingredientes de la crisis también se citan la falta de voluntad y la resistencia de algunos funcionarios para agilizar las operaciones.

Finjus plantea que las soluciones tienen que abordarse con una visión integral, propositiva y participativa, de modo que los programas que se emprendan sean técnicamente depurados y estén socialmente legitimados.