RADAR

Al declarar que actuó como juez en el proceso de elección de los jueces de las cortes superiores, y que los jueces hablan por sentencia, el presidente Leonel Fernández  asume implícitamente el compromiso de motivar las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. La elección de los 38 magistrados no sólo ha sido calificada como un traje a la medida de intereses políticos, sino una violación de la Carta Magna, en caso de no motivarse decisiones como la cancelación de jueces de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el mandatario ha sido señalado, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, de actuar como juez y parte en el proceso. Y la verdad es que las razones que se tejen en la destitución de los magistrados Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes, Eglis Margarita Esmurdoc y Ana de Bergés dejan mucho que desear sobre la transparencia en la evaluación y selección de los jueces. El Presidente, que ha defendido la elección, deberá contribuir a despejar las interrogantes y el malestar que han dejado la integración de las cortes con la motivación que amerita cada uno de los casos. La explicación es lo que manda un Estado de derecho y más cuando se invocan posibles violaciones constitucionales.

Digno de aclararse

Es digno de una investigación el caso del fiscal de Jimaní que varió la solicitud de una medida de coerción que se había dispuesto para dos acusados de narcotráfico. La  Procuraduría General de la República había instruido pedir tres meses de prisión para Víctor Félix Candelario Jorge y Jorge Luis Santos Rodríguez, involucrados en un cargamento de 464 libras de marihuana decomisado en Jimaní, pero el fiscal adjunto Soni Rosario José cambió la solicitud por  una garantía económica de un millón de pesos. De acuerdo con el expediente Rosario José había participado en la confiscación de la marihuana a los imputados. El procurador Radhamés Jiménez Peña tendrá que emplearse a fondo con relación a un comportamiento que se presta a suspicacias atribuido a muchos representantes del Ministerio Público. Lo del fiscal de Jimaní que supuestamente cambió la medida de coerción es uno de los muchos escándalos que se han denunciado.