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Desde la designación de la comunicadora Yolanda Martínez en la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), los conflictos, que tanto cuestionan sus funciones, no han dejado de asomar en la entidad.

El último ha sido el torpedo disparado por la expresidenta, Michelle Cohén, contra su sucesora a quien acusó de la “divulgación y uso indebido de información de una auditoría que cursa por una etapa confidencial”.

Martínez, quien estuvo en el centro de un escándalo por el contrato de unos dos millones de pesos que se adjudicó a una publicitaria ligada a su pareja, Mike Alfonseca, había citado a Cohén mediante acto de alguacil para que rindiera cuentas sobre los resultados de la aludida auditoría.

A una entidad creada para regular la competencia, los sucesivos conflictos le restan autoridad moral para tomar decisiones. Si bien desde el principio la entidad dio de qué hablar por los lujosos sueldos de sus funcionarios, es tan alarmante el descrédito en que ha caído Pro Competencia que en medio de los problemas se han denunciado hasta prácticas clientelistas.

El conflicto que ahora protagonizan la actual y la pasada titular la hunde más en el descrédito en una entidad con una imagen que está bastante afectada.

El Nacional

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