Las dudas cada día más crecientes sobre los 625 kilos de cocaína introducidos en una avioneta procedente de Colombia por el aeropuerto de La Romana constituyen un desafío tanto para la Procuraduría General de la República como para el Ministerio de Defensa.

Las presiones que ejercería la Dirección Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para que se profundicen las investigaciones aumentan las sospechas de que los cuatro detenidos, dos coroneles, el primer teniente y el asimilado militar, no son los únicos envueltos en la escandalosa operación.

El procurador Jean Alain Rodríguez anunció que profundizaría las investigaciones, pero, al menos que se sepa, hasta ahora no ha movido una paja.

Por el caso del alijo de cocaína el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Edmundo Féliz Pimentel, anunciaron la detención de los coroneles Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea, y Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército, así como del primer teniente de la Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla, y el asimilado Enmanuel Cruz Polanco.

Defensa dijo en un comunicado que para facilitar el aterrizaje de la avioneta con la droga se había tumbado el sistema de seguridad de la terminal aérea. Las presiones que ejercería la DEA para que se profundicen las investigaciones y el silencio de las autoridades tornan más denso el velo de misterio en torno a un caso