Reformas castrenses

En el limbo

Por aquí siempre se ha dicho que el problema no es la ausencia de leyes, sino de la inaplicación o violación de las propias autoridades de las que existen. Es esa estrecha relación entre una cosa y la otra que ha dado lugar a la crisis de institucionalidad que no solo lastra el desarrollo, sino que tanta inquietud genera.

No deja de llamar la atención que un cuerpo tan vinculado a la seguridad, el orden y la soberanía como el Ministerio de Defensa no cumpla con su propia ley orgánica en lo que respecta al número de generales en sus filas. La normativa, aprobada en 2013, consigna 40 generales, 20 para el Ejército, 10 la Fuerza Aérea y 10 de la Armada.

Pero en la actualidad solo el Ejército cuenta con 11 mayores generales y 63 generales de brigada, en la Armada hay 15 contralmirantes y 6 almirantes, mientras la Fuerza Aérea dispone de 6 mayores generales y 21 generales de brigadas. O sea, 84 más del número que establece la ley 139-13. Pero tampoco se trata de la única violación en que se incurre.

El artículo 57 de la ley establece que tras 10 años en el rango de general el retiro es obligatorio, salvo para el ministro de Defensa, viceministro, comandante, inspector general o jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Como si fuera poco, tampoco la Policía ha iniciado el desmonte de 51 a 20 generales que consigna su ley orgánica, que en su momento se promovió como la panacea para mejorar el cuerpo. Si las entidades encargadas de velar por el orden y la seguridad no dan el ejemplo de respetar sus propias leyes ¿qué se puede esperar de la ciudadanía?