Si la investigación sobre los contratos del Gobierno con empresas de los publicistas João Santana y su esposa Mónica Moura denunciados por la diputada Faride Raful era necesaria, con la aclaración del ministro Administrativo y del director de Comunicaciones de la Presidencia lo es más todavía.

De acuerdo con José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena el monto pagado a los asesores brasileños entre 2013 y 2016 no fue de 1,400 millones de pesos, como dijo Raful, sino solo de 430. Sin embargo, prima la confusión sobre las certificaciones de la Contraloría General de la República sobre los contratos y los pagos que presentó la legisladora.

En una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Peralta y Rodríguez Marchena precisaron que los pagos posteriores a la detención en Brasil de los esposos Santana y Moura, a quienes en enero de 2016 se habían rescindido los contratos, fueron de la deuda que estaba pendiente.

Tal parece que Raful, quien insistió en que los pagos se hicieron hasta 2017, se dejó sorprender con una documentación que no se correspondía con la realidad, o que alguien no dice la verdad sobre el caso. Las contradicciones ameritan una exhaustiva investigación para establecer la verdad sobre las operaciones.

En principio llama la atención no solo la diferencia de 970 millones entre las dos versiones, además de la real legitimidad de las certificaciones que habría emitido la Contraloría sobre las erogaciones. En aras de la transparencia el caso debe investigarse.