El Gobierno se planta

Crisis eléctrica

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha dado un paso que no puede más que respaldarse al no asumir, sino cargar a los responsables el costo para normalizar el servicio de electricidad a la población.

Es lo que se ha reclamado con vicios que se han detectado en importantes obras públicas, que no se han investigado para establecer responsabilidades y cuya reparación ha corrido por cuenta del Estado. Los ejemplos más recientes son los del hospital Padre Billini, que en 2012 fue inaugurado tras una inversión de 15.8 millones de dólares, y el remozamiento de la calle Meriño, donde a causa de los malos materiales, según el Ministerio de Obras Públicas, las lluvias provocaron un socavón.

Al reclamar a la empresa AES Andrés cargar con los costos por la salida del sistema de una planta de 300 megavatios, el vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, procede con la responsabilidad no solo que amerita, sino que le confieren las leyes.

Según Jiménez Bichara los contratos de compras de energía con las generadoras no reconocen como evento de fuerza mayor “aquellos que ocurren dentro de la planta, sino los que ocurren fuera de la misma, que impiden el suministro de energía”. Se resista o no la empresa la decisión de cargarle los sobrecostos ocasionados por la avería es una actitud digna, que debería ser la norma en las relaciones del Estado con los suplidores.

La reprogramación de los procesos de mantenimiento y la entrada de la generadora San Felipe para enfrentar la crisis eléctrica son importantes, pero harina de otro costal.