El presidente de Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, ha detectado en el proyecto de presupuesto para 2019 un detalle que por sus implicaciones necesita aclararse. Se trata de un artículo, el número 59 del proyecto, que faculta al Presidente de la República a vender bienes del Estado por un 10% de la deuda.

Para colmo de confusión el artículo no establece el uso que se daría a los recursos adquiridos por la supuesta venta, en tanto la única obligación del Ejecutivo es informar de la operación al Congreso.

El ministro de Finanzas, Donald Guerrero, o el director de Presupuesto, Luis Reyes, deben aclarar las razones del controversial artículo, que Estrella ha calificado como cheque en blanco al Ejecutivo para disponer del patrimonio público. No importa que el objetivo que se cita, al menos según el dirigente político, sea promover la suficiencia operativa e incrementar la productividad sectorial.

La forma en que está planteada la transacción atenta contra la transparencia, además de representar una violación a la Constitución. Todavía la operación no viole la Carta Magna, lo más conveniente es que se transparente sin la menor pizca de duda.

El silencio no es la respuesta. Además de la aclaración de los funcionarios, el Congreso, si bien no se ha caracterizado por cumplir su misión, no debe legitimar una eventual violación de la Constitución.