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La tormenta generada por el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, con la declaración de su patrimonio forma parte de una cadena de escándalos que últimamente ha sacudido el cuerpo legislativo.

El primer detonante, que quedó sin aclarar, apareció en una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual durante la gestión de cuatro años de Julio César Valentín se erogaron alrededor de 2,300 millones de pesos en “ayudas” a entidades y personas.

Además de que el monto luce excesivo, el organismo dice que no encontró los soportes que avalaran la asistencia.

El escándalo quedó impune, como parece que ocurrirá con el misterio que rodea el certificado de mil millones de pesos que dijo Abel Martínez que dejó en banco y que su sucesora Lucía Medina alegó que no encontró. Cuando ocupó la presidencia del cuerpo legislativo Rubén Maldonado tampoco se ocupó de aclarar la suerte del supuesto certificado ni de los recursos.

Dentro de esa secuencia se inscribe el escándalo con la violación de la ley y la fortuna de 85 millones de pesos que declaró Camacho.

Sorprende que ni siquiera los diputados de la oposición se hayan interesado en que aclaren las denuncias que tanto empañan la imagen del cuerpo legislativo.

De no ser por la presión mediática es posible que el actual presidente de la Cámara de Diputados no se hubiera molestado en declarar sus bienes, como dice nada menos que el titular de la Cámara de Cuentas que ocurrió en 2016.

El Nacional

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