Cumplimiento

Por ver

Las muchas aristas del proselitismo político colocan a la Junta Central Electoral (JCE) en una encrucijada sobre la suspensión de la campaña de los precandidatos de los diferentes partidos.

Se juega no solo su credibilidad, sino su autoridad en caso de que los aspirantes a cargos electivos no acaten su saludable disposición. Entre las sanciones que se contemplan está la inadmisibilidad de la candidatura, que es lo que realmente está por ver.

La resolución es muy clara como para que nadie se llame a engaño. Y solo el expresidente Leonel Fernández y los funcionarios que promueven la reelección del actual mandatario han realizado “manifestaciones notoriamente multitudinarias” en el período previo a la precampaña. Esas actividades, como advierte el tribunal, transgreden el orden público.

Al justificar la decisión la JCE se basa en la evidencia de que el accionar de algunos partidos, miembros y aspirantes ha desbordado la esencia y actividades permitidas en cuanto a celebrar reuniones a lo interno de los locales de las organizaciones o en locales cerrados y áreas restringidas.

En esas violaciones el único que ha incurrido ha sido el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Además de las sanciones que contempla la ley contra los aspirantes que incumplan la prohibición queda en el aire la investigación sobre la procedencia de los recursos que se han utilizado en las actividades proselitistas. Es más que obvio que en los grandes mítines se ha invertido una fortuna.