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En tanto avanza el conteo regresivo, la crisis en torno al centro de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE) se ha tensado aún más tras la defensa del presidente del tribunal al cuestionado director del departamento. Héctor Guzmán, vocero del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, calificó de perturbadora la posición del magistrado Roberto Rosario en favor de Franklin Frías. Guzmán advirtió que el PRD no aceptará a Frías, porque no le merece confianza, mientras Participación Ciudadana abogó por una salida similar a la que se encontró para las elecciones de 2004. En esa ocasión Frías había sido objetado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en su lugar se designó a Miguel Angel García como administrador general. Pero ahora el PLD también considera a Frías como un técnico idóneo para dirigir el centro de cómputos. Al renunciar como administrador general, García denunció que se había alterado el padrón electoral, lo que si bien no se ha podido comprobar no ha dejado de causar malestar. La defensa de Frías formulada por el presidente de la JCE en un momento en que se exploran soluciones ha incrementado las tensiones sobre la prolongada crisis.

Preocupa corrupción

El elevado índice de endeudamiento de las autonomías españolas ha dado margen a un debate para que se castiguen los daños económicos causados por las administraciones. El debate es interesante, pues se ha visto que en aras de ambiciones de poder las autoridades no reparan en traspasar los límites en materia de endeutamiento. La corrupción preocupa mucho a los españoles, a tal punto que la han asociado con los déficits que asfixian las autonomías y que han afectado sus condiciones de vida. Casos como la construcción de aeropuertos sin aviones han escandalizado a los iberos en estos momentos de crisis. El Gobierno del conservador Partido Popular (PP) se ha planteado castigar la corrupción que se manifiesta a través de prácticas irresponsables en el ejercicio del poder. Los inconvenientes legales no deben impedir una iniciativa tan saludable para transparentar la responsabilidad pública. Y con la  que se daría un buen ejemplo en muchos países.