Desacuerdo

Punta Catalina

Lo político no deja de incidir alrededor de una eventual venta de acciones de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Para distintos sectores resulta suspicaz el interés del Gobierno de compartir la propiedad del proyecto con el sector privado antes de las elecciones congresuales y presidenciales de mayo.

Esa suspicacia se explica en gran medida por la fragilidad del sistema institucional, así como por la conducta de voceros de la operación. Ante la versión del administrador del proyecto, Jaime Aristy Escuder, sobre una supuesta deuda de 1,750 millones de dólares que tendría que asumir el adquiriente del 50% de las acciones, el director de la comisión de energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, dijo que se trataba de un sofisma.

Almonte señaló que la deuda citada por Escuder es un invento dentro de la ingeniería financiera para vender a Punta Catalina. Se basó en que cerca del 70% de la inversión en las dos plantas proviene del presupuesto nacional.

Tal parece que el Gobierno debe propiciar un amplio debate para revestir de la mayor transparencia una eventual venta de acciones de Punta Catalina. Una obra tan polémica y que ha supuesto la inversión de tantos recursos no puede enajenarse parcial ni totalmente sin despejar la menor incógnita.

Para más dudas, al rechazar los argumentos de Aristy Escuder, el técnico y dirigente del PRM estima que con el esquema planteado el pueblo pagaría las plantas dos veces.