RADAR

Complace la preparación que ha anunciado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para prevenir tragedias durante el asueto de Semana Santa. Pero el operativo que organiza la entidad que dirige el general Juan Manuel Méndez se quedaría corto si la población no toma conciencia sobre la necesidad de actuar con la mayor prudencia. El COE no lo puede hacer todo, pese a los 40 mil voluntarios que distribuirá en los casi 2,500 puestos de socorro y las 127 ambulancias, tres helicópteros, tres hospitales móviles y nueve centros de mandos regionales que utilizará en los operativos en balnearios y carreteras. El objetivo es reducir al mínimo el número de víctimas mortales y accidentes ocurridos en 2009 cuando se reportaron 56 muertos. Es saludable la decisión de restringir el tránsito de vehículos pesados con excepción de los que transporten alimentos y combustibles. Pero de no ser acatadas por la población las bien contempladas medidas no surtirían el efecto deseado. La gente tiene que evitar los excesos a que suelen inducir una época que se ha convertido en sinónimo de playa, excursión, tragos y comida. Las imprudencias suelen ser la principal causa de la mayoría de las tragedias ocurridas en días como estos.

Un fallo saludable

Con lo tanto que se habla de reforma del modelo penitenciario, resulta insólito que el recluso Luis Alvarez Renta tuviera que recurrir a los tribunales para poder recibir asistencia médica fuera de la cárcel. El magistrado Eduardo Sánchez Ortiz acogió un recurso elevado por Alvarez Renta para que se le permita recibir tratamiento médico en un centro especializado. Para evitar murmuraciones,  la Dirección de Prisiones había suspendido la asistencia facultativa al recluso fuera de la penitenciaría de Najayo. La decisión no podía ser más injusta pues se sabe que las cárceles no cuentan con especialistas para ofrecer ni siquiera atenciones elementales. Pero además olvidan las autoridades que la condición de preso, sin importar el delito que se haya cometido, no implica una pena de muerte. Se espera ahora que se cumpla al pie de la letra la sentencia que favorece que Alvarez Renta pueda recibir tratamiento médico en una clínica. No hacerlo es desacato y tortura.