RADAR

Justicia
El doctor René Ledesma, condenado a seis meses de prisión y 10 mil salarios mínimos después de haber sido descargado en dos ocasiones por el caso del rockash, pide que se le haga justicia. Es un derecho legítimo que le asiste tanto a él como a cualquier ciudadano que considere violadas sus prerrogativas. Pero el caso de Ledesma, quizás el único dominicano con un doctorado en medio ambiente y recursos naturales, llama particularmente la atención. Se le condenó por haber firmado un certificado de no objeción a la importación de un mineral que todos los estudios concluyeron que no era tóxico. Al parecer al ex subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le tomó como chivo expiatorio y se le condenó por el escándalo. Porque también las presentes autoridades en un acuerdo con la empresa boricua que descargó el rokash y por el cual recibieron 6 millones de dólares para procesarlo en Samaná, reconocieron que el material no era tóxico. Ledesma tiene razón al pedir justicia.

Preservar los empleos

La verdad es que se presta a confusión el acuerdo que ha propuesto la presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana para preservar los empleos.

Porque se tenía entendido que durante la Cumbre de las fuerzas vivas se había consensuado preservar el empleo por encima de cualquier adversidad.

Sin embargo, la licenciada Marisol Vicens ha sorprendido a la opinión pública al lamentar que el Gobierno no esté dando las señales de austeridad, sensatez y prudencia en el gasto para enfrentar el desafío.

 Habría que preguntarse si durante el encuentro se acordó también depurar o controlar el gasto público. Otro dato que llama la atención son los 38 mil empleos que de abril a octubre de 2008 se habrían perdido en la industria y en el sector agrícola.

De los señalamientos de la dirigente empresarial se desprende que sobre la crisis y las medidas para enfrentarlas no se ha dicho toda la verdad.

Muchos empresarios han hablado de preservar el empleo, pero de las declaraciones de la presidenta de la Confederación Patronal se desprende que no hay muchas garantías si el Gobierno no toma las medidas necesarias. Y no parece, por lo visto, que la austeridad y la calidad del gasto público constituyan una preocupación para las autoridades.