RADAR

La carrera en Grandes Ligas del dominicano Manny Ramírez ha tenido un final abrupto y vergonzoso, en consonancia como  transcurrió su paso por  el beisbol, matizado por escándalos de  y dopaje e indisciplina deportiva. Ramírez, uno de los más talentosos bateadores de la Gran Carpa, prefirió anunciar su retiro del beisbol antes que someterse a un programa de prevención y tratamiento de drogas exigido por Mayor Leagues Basseball, quien le impondría una suspensión de cien juegos, por dar positivo en una  prueba  sobre uso o consumo de  sustancia prohibida. Tan excepcional atleta, que cuyas cifras de producción incluyen un promedio de bateo de 312, 555 cuadrangulares y mil 831 carreras impulsadas,  ha debido salir por la puerta  trasera de la ignominia, en vez de  abrir los portones de la gloria deportiva. En provecho de Manny Ramírez se debe decir que no todo ser humano resiste  el alto voltaje de los reflectores  del éxito profesional, máxime cuando se ha vivido una infancia y adolescencia en calidad de inmigrante en una sociedad excluyente, como  la de Estados Unidos. Una pena.

Acuerdoprevisor

Aunque las expulsiones de  extranjeros a manos de  ciudadanos constituye un hecho punible, castigado por la ley penal, se  define como positivo el acuerdo arribado por el Director de Migración, doctor José Ricardo Taveras, con las juntas de vecinos de la zona sur de Santiago, para evitar tal suplantación de la autoridad. Taveras reveló que en cinco operativos, Migración repatrió a unos 300 indocumentados haitianos que habitaban en  esos barrios periféricos y dijo que más de mil  han sido devueltos al vecino país en acciones emprendidas en otras zonas del territorio nacional. Se resalta que el funcionario ofreció una  rueda de prensa en compañía de dirigentes comunitarios y de  un representante  de la Organización Internacional para las Migraciones, a los fines de que no se  alegue que  en esos operativos se violan derechos humanos. Es preciso reiterar que los vecinos de los barrios  de la zona sur de Santiago ni de ninguna otra parte poseen calidad jurídica para apresar y expulsar indocumentados, aunque las autoridades deben  actuar antes de que la gente  tome  le ley por propias manos.