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Las tensiones que se han generado sobre el centro de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE) tornan alentadora la unanimidad con que los encargados del departamento han garantizado los resultados de las votaciones de mayo. Muchos sectores, como ha podido evidenciarse, han centrado su mayor preocupación sobre el proceso en el papel de las instituciones electorales. Por tanto, la garantía sobre la transparencia de los resultados contribuye a despejar las tensiones que en cierta medida han caracterizado la campaña. Fabricio Gómez Peña, representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), destacó que si bien quedan muchos retos, con el ritmo y la forma de trabajo se alcanzará el éxito que se necesita. Por representar a la oposición la declaración de Gómez Peña es muy significativa. La gente aspira y se necesita que las instituciones cumplan con sus funciones, al margen de intereses políticos o económicos. Aunque no sea lo único que se necesite, unas elecciones diáfanas constituyen un valioso aporte al sistema democrático. La seguridad en los resultados ofrecida por la gerencia de cómputos es como para descruzar los dedos, pues se trata de un mensaje que propicia mucha tranquilidad.

Recursos del Estado

El magistrado Eddy Olivares se la ha puesto difícil a la Junta Central Electoral (JCE) con relación a las denuncias sobre el uso de los recursos públicos en la actual campaña. Recordó que conforme a la Constitución y la Ley Electoral el organismo está facultado para regular, por iniciativa propia, todo lo relativo al proceso proselitista. Eso significa que si no interviene frente a las denuncias sobre el uso de los recursos públicos es porque no quiere, pero no porque no esté facultado. De paso, Olivares recordó al presidente Leonel Fernández que los únicos recursos que se consideran lícitos para la campaña son los provenientes del financiamiento público y los donativos o contribuciones privadas. Tanto representantes de los partidos alternativos como del Revolucionario Dominicano (PRD) han denunciado un abusivo uso de los recursos públicos en favor de los  candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández.