Radar

Expectativas en proceso
El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso, ha advertido sobre la posibilidad de someter a otras personas por el caso del capo boricua José David Figueroa Agosto. Los expedientes serían instrumentados después de investigarse revelaciones que habrían hecho las imputadas Sobeida Félix Morel y Leavy Nin Batista. Pero la verdad es que desde el primer momento el expediente ha dejado mucho que desear, pues personas relacionadas y que hicieron negocios con Figueroa Agosto al parecer ni siquiera fueron interrogadas.

Por lo que ha salido a relucir, la impresión es que hay muchos cabos en el aire con relación a las operaciones y los vínculos de Figueroa Agosto. Algunos de los imputados, como Juan José Fernández Ibarra, alegó que si su sometimiento es por haber hecho negocios con el boricua, entonces tenía que haber más gente en el juicio. ¿Qué datos habrían aportado Sobeida y Nin Batista que no han trascendido a la opinión pública? Esa es una de las preguntas que muchos se formulan. Llama la atención, eso sí,  que el fiscal Moscoso hiciera la advertencia sobre nuevos sometimientos después que agentes del FBI, la DEA y del Ministerio Público de Puerto Rico interrogaran a Eddy Brito y otros de los imputados.

Cabos sueltos

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, tuvo una valiosa intervención en defensa del patrimonio y la transparencia al reclamar un informe más profundo y detallado sobre la venta de más de un millón 300 mil metros cuadrados realizada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en Porvenir, San Pedro de Macorís. La comisión de contratos, presidida por Aníbal Rosario, había endosado la transacción del CEA a favor de la compañía Magic Blue Inversiones por unos 14 millones 77 mil 223 pesos. Pero el diputado Eugenio Cedeño había advertido que los nombres de los propietarios de la compañía no los conocía nadie, porque no estaban consignados en los contratos. Sin embargo, uno de los accionistas fue identificado como Martín Marín, de quien se dijo ha tenido conflictos con agricultores de la región. En defensa del interés público y la transparencia, hizo bien Martínez en aguantar la discusión del contrato hasta que se investigue la transacción.